A pesar de que el presidente Javier Milei aseguró el viernes que no le correspondía al Gobierno establecer un monto de salario mínimo por decreto, el Poder Ejecutivo determinará esta semana una suba del piso de remuneraciones tras el fracaso en la reunión entre gremialistas y cámaras empresarias del jueves pasado.
La decisión, que impactará en los montos de algunos programas sociales, se dará en el marco de una suba pronunciada de la pobreza en el primer mes del año tras la escalada inflacionaria, según estimaciones privadas.
El incremento del salario mínimo tiene menos impacto en el sector privado porque la mayoría de los convenios colectivos de trabajo ya pagan sueldos mínimos por encima de los $156.000 del piso de remuneraciones vigente. De esa forma, el efecto más notorio es hacia el propio Estado: los montos de programas como el Potenciar Trabajo, las Becas Progresar o el seguro de desempleo se mueven de acuerdo a la variación del mínimo de ingresos laborales.
En el Gobierno aún no arriesgan una cifra sobre qué incremento del SMVM determinarán esta semana, pero se asume que será menor al salto hasta $288.600 que buscaban las principales centrales obreras. Con una actualización de esa magnitud, el salario mínimo recuperaría todo el poder de compra que perdió en los últimos ocho años. Según estimaciones del centro CIFRA de la CTA, con la nominalidad actual, los $156.000 del salario mínimo vigentes superarían los casi $273.000 del piso remunerativo a fines de 2015. En los últimos cuatro años, según ese mismo centro de estudios, en ese lapso el salario mínimo perdió un tercio de su poder de compra.
El aumento que termine por definir el Gobierno nacional implicará un costo fiscal por la actualización de esos programas sociales, principalmente el Potenciar Trabajo, que alcanza a 1,2 millones de personas y que paga medio salario mínimo a cambio de una prestación laboral de 4 horas en distintos rubros como trabajo en cooperativas, en comedores y merenderos, construcción, limpieza o agricultura familiar.