¿USTARROZ 2023?
Dejaron vigente el límite de dos mandatos, pero lo computan desde 2019 para los alcaldes y desde 2017 para legisladores y concejales. Así, pueden volver a presentarse en 2023. Se abre la puerta para una nueva reelección de Juani Ustarroz.
Los sectores mayoritarios del Frente de Todos y Juntos aprobaron una ley por la cual le dan a los intendentes, diputados, senadores y concejales la posibilidad de competir por un nuevo mandato en 2023, una chance que hasta ahora les estaba vedada según una ley que había sido votada en 2016, pero que no llegó a tener efectos.
La nueva norma, que modifica la ley 14.386 y su decreto reglamentario, fue elaborada sobre la base de un proyecto de los senadores Juan Pablo Allan y Joaquín De La Torre, de Juntos.
En sus cinco artículos, la nueva ley establece, básicamente, dos cuestiones. 1) Aunque se mantiene el límite de dos mandatos consecutivos máximo, su cómputo, que en la ley original se hacía desde 2015, ahora se cuenta desde 2017 o 2019. De ese modo, tanto intendentes, electos en 2015, como concejales o legisladores electos en 2017, pueden presentarse otra vez, en 2023 para intentar obtener un nuevo mandato. 2) Se establece una cláusula por la cual se cuentan los mandatos desde el primer día que se ejercen.
El primer punto buscó salvar una objeción que fue muy mencionada por quienes se opusieron a la ley. Se trata del argumento de que se trató de una legislación retroactiva, aprobada en 2016 pero que establecía una disposición desde 2015. La segunda, un mecanismo que usaron muchos intendentes, sobre todo del oficialismo (unos 20, contra tres de la UCR y uno del vecinalismo) para no perder la posibilidad de renovar en 2023. Se trataba de tomar licencia antes de la mitad del segundo mandato y aprovechar un vacío legal que permitía de ese modo que ese segundo período no se le compute a los efectos del límite de la reelección. La mayoría de los alcaldes que optaron por esa vía, asumieron cargos ejecutivos, tanto a nivel nacional como provincial.
Ahora, habrá dos mandatos máximo con un límite que opera en 2027 para los alcaldes y una cláusula que impide que se repita el artilugio legal que se usó esta vez, y que según varios opositores creaba una desigualdad ante la ley, ya que los oficialistas, con cargos para asumir en ejecutivo, pudieron optar con más facilidad por ese mecanismo que el resto.