La empresa láctea fue declarada en quiebra por un juzgado de Mercedes, que decretó la liquidación de su patrimonio.
El juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., razón social de la tradicional empresa láctea «La Suipachense», con una trayectoria de más de 70 años en el mercado. La compañía estaba atravesando un fuerte conflicto gremial.
La resolución judicial argumentó “la inhabilitación de la empresa fallida es definitiva” y se dispuso la inhibición general de bienes de la compañía.
A su vez, también determinó la inhabilitación del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, a cargo de la administración de la compañía “que cesará de pleno derecho al año de la sentencia de quiebra salvo que se dé alguno de los supuestos de reducción o prórroga previstos por la ley concursal”.
La decisión judicial también incluye la “clausura del establecimiento” de Suipacha, que incluirá “la incautación de libros y documentación que se encuentre en el lugar”, entre otras medidas. El juez interviniente también obligó a Borges León a “la inmediata entrega a la sindicatura de las llaves del establecimiento y las claves de acceso digital”.
La quiebra de La Suipachense llegó tras la intimación judicial a la empresa para presentar un plan de acción a fines de octubre, tras tres meses de parálisis de sus actividades.
El antecedente consta de una larga crisis que inició a principios de septiembre pasado, cuando la dirección echó primero a 9 trabajadores administrativos y amenazó con despedir a otros 60 empleados más. En ese momento se detuvo la actividad de la fábrica y sus 140 empleados salieron a manifestarse junto a vecinos de Suipacha.
El pedido formal de quiebra, informó, fue formulado el 27 de octubre pasado por el abogado Julián Coronel. Para ese momento, la planta láctea llevaba tres meses de inactividad y sus empleados habían armado un campamento a las puertas del establecimiento, reclamando por una definición.
“La empresa cuya quiebra se solicita se encuentra con un cese en su producción desde hace aproximadamente 3 meses, circunstancia que no sólo se encuentra denunciada en el expediente sino que es pública y notoria, resultando de ello la delicada y grave situación de los trabajadores a cargo de la empresa, con la consiguiente nula generación de ingresos de la concursada, hecho que además complejiza al extremo el restablecimiento de su puesta en funciones denunciadas en el plan de acción”, sentenció el fallo judicial.